Varias son aquí las opciones:
a) Preparación de un título académico específico(título propio de la UAM) para el personal jurídico y de gestión de cada Municipio sobre ámbitos de interés seleccionados por el propio Ayuntamiento. La cuestión es que si en el programa estratégico del Ayuntamiento se fija una determinada directriz (por ejemplo, optimización del medio ambiente urbano) el título formativo adecue sus contenidos a dicha línea rectora (así, incluyendo en los contenidos formativos el nuevo sistema de control integrado de la contaminación, su relación con el antiguo sistema de actividades clasificadas; formas de gestión de la Ley de envases y residuos de envases; elaboración de Agendas 21, etc). Se trataría de cursos de, aproximadamente, entre 50 y 100 horas. Y ahí habría que combinar el mayor número de variantes formativas: clases en el Ayuntamiento, externas (clases en la Universidad), presenciales y on-line.
b) Acciones formativas singulares. En este caso se trata de cursos cortos (entre 5 y 20 horas) insertos en el Plan de formación continua del Ayuntamiento. Aquí basta con seleccionar un concreto ámbito actual problemático y concertar su financiación. Este tipo de cursos han de ser especialmente ágiles y vincularse muy estrechamente (en contenidos y tiempo) a las innovaciones y nuevos problemas que vayan surgiendo en el Derecho y la administración local. Si, por ejemplo, en el mes de diciembre de 2003 se aprueba la Ley de modernización del gobierno local, para el mes de diciembre tendría que estar en marcha un curso sobre el nuevo régimen de sanciones municipales, sobre el nuevo régimen orgánico municipal (como consecuencia de los cambios en las funciones del Pleno, la Junta de Gobierno y el Alcalde).
c) Formación-consultoría. En los aspectos de formación-acción hay también espacio a medio camino entre la formación y la consultoría. Se trataría de dar continuidad a una acción formativa singular en forma de consultaría o apoyo técnico. Por ejemplo, a un curso sobre gestión de tributos locales puede seguir el encargo de un estudio para agilizar la ejecución forzosa de las deudas impagadas, o de una nueva Ordenanza fiscal sobre una cuestión problemática.
